La Confederación de Empresarios de Cuenca celebra los avances que se han dado para contar con un reglamento de morosidad tras su aprobación por el Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo.

De este modo se abre la puerta a que esta normativa pueda entrar en funcionamiento antes de que finalice la legislatura europea el próximo mes de junio.

Así se avanza hacia uno de los pasos defendidos por CEOE CEPYME Cuenca y en los que insisten desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa para homogeneizar la regulación de cara a combatir la morosidad en el ámbito europeo y que todas las empresas en esta zona tengan las mismas condiciones.

Asimismo, CEPYME ha reclamado que se tenga en cuenta la realidad de la empresa, especialmente de la pequeñas y medinas y las condiciones especiales de los sectores económicos.

Problema para las pymes

La morosidad es un problema que afecta especialmente a las pymes porque tienen menores recursos y capacidad de negociación con proveedores y clientes

En caso de elevarse los problemas de pago supone un mayor problema para las pymes porque tienen menos recursos y capacidad de negociación con proveedores y clientes y mayor debilidad para afrontar el retraso en los pagos, aceptando muchas veces estas condiciones principalmente por la voluntad de mantener una relación comercial con clientes y no deteriorar futuras transacciones.

De ese modo supone un incremento de los gastos de financiación de las empresas que deben asumir períodos elevados de demora en los pagos, ocasionando costes muy altos y limitando su capacidad de competir y reinvertir.

La morosidad comercial está actualmente regulada por le Ley de Morosidad de 2024 y la Directiva Europea de Movilidad de 2011, pero se ha mostrado insuficiente para reducir el incremento de este retraso en los pagos y reducir los períodos medios, que superan los 8 días, 20 más de los que establece la Ley.

Por otra parte, la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial introdujo medidas sancionadoras que no han resultado eficaces y penalizan de manera especial a las pequeñas y medianas empresas, limitando su capacidad para acceder a ayudas y contrataciones públicas.