La Asociación de Empresas de la Construcción y Afines de la provincia de Cuenca ha elegido como nuevo presidente a Álvaro Villaescusa Monedero, anterior vicepresidente y que sustituye a Manuel Carrascosa tras el fallecimiento de este último el pasado mes de junio.

Villaescusa ocupaba en la anterior junta directiva el cargo de vicepresidente y pasa a dirigir esta organización sectorial integrada en CEOE CEPYME Cuenca y que cuenta con cerca de 120 empresas asociadas a lo largo y ancho de toda la provincia.

Además del cargo de presidente de APYMEC, Álvaro Villaescusa también pasa a presidir la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-la Mancha (FERECO) y la Fundación Laboral de la Construcción de la región.

La elección del nuevo presidente y el resto de la Junta Directiva ha sido elegida por aclamación de las empresas presentes en la Asamblea General. Junto a Villaescusa estarán en la Junta Directiva Ana Carrascosa, David Peña, Rafael Gismero, Alfonso Benito Pérez, Abraham Sarrión, Rafael Cortés y José López, aunque sus atribuciones no se conocerán hasta la celebración de la próxima Junta Directiva donde se señalarán las responsabilidades de cada uno de ellos.

Esta nueva junta directiva, se compone tal y como mandan los estatutos por siete miembros y el presidente por un período de cuatro años. Según el artículo 23, tres miembros deben ser promotores de vivienda y constructores de edificios, tres miembros representan a los constructores y contratistas de obras públicas y un miembro como fabricante, mayorista o dedicado a acabados de la construcción y afines.

Otros aspectos

Durante la celebración de esta asamblea general, además de elegir al nuevo presidente, fue aprobado el informe de la última Junta Directiva se instó al secretario a preparar varias cuestiones para su análisis en la próxima reunión.

En particular, preocupa y mucho el creciente intrusismo existente en el sector de la construcción en el que falsos autónomos y trabajadores sin dar de alta están realizando trabajos perjudicando a las empresas legalmente constituidas y también son perjudicados los trabajadores del sector. Ayuntamientos, Servicios de Inspección y administraciones públicas están obligados a servir con objetividad los intereses generales, como señala el artículo 103 de la Constitución Española, y alcanzar la máxima eficacia para corregir esta situación.