La Asociación de Empresas Instaladoras de Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas de Cuenca se une al resto de asociaciones del sector en España que se han posicionado en contra del anteproyecto de ley del impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero.

Este borrador que prepara el Gobierno incluye un nuevo impuesto que grabará la fabricación e instalación en España de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, aplicando un impuesto a los refrigerantes utilizados en ellos. 

Las empresas del sector han unido sus voces para protestar por lo que consideran “un atropello fiscal injustificado” ya que no está alineado con las políticas de la Unión Europea. Además, repercutiría negativamente en la economía y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos.

Encarecimiento de las nuevas instalaciones

España es uno de los pocos países de la Unión Europea con un impuesto especial sobre la emisión a la atmósfera de gases fluorados, utilizados como refrigerantes en este tipo de sistemas. Con el pretexto de simplificar la recaudación del impuesto, en vigor desde 2014, el Gobierno pretende además extender el gravamen a la fabricación o importación de equipos precargados y a la primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas. 

La medida vendría a encarecer en torno a un 5% las nuevas instalaciones de refrigeración en establecimientos de hostelería y pequeño comercio, y las instalaciones de climatización para uso doméstico y comercial. Afecta también a los supermercados, la industria alimentaria, la logística y el transporte refrigerado, los electrodomésticos o la automoción, entre otros. 

El nuevo gravamen entraría en vigor el próximo julio, de forma sorpresiva y con apenas unos meses de antelación, de modo que los instaladores y fabricantes de equipos con gases fluorados no tendrán tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias.

La nueva ley de reforma del impuesto se encuentra aún en trámite. De aprobarse así la redacción del anteproyecto, España sería el primer país de la Unión en penalizar el consumo responsable (y no la emisión) de refrigerantes, desviándose el principio europeo de “quien contamina, paga”, incluso aunque sean energéticamente.  Otros países comunitarios, o bien sólo se limitan a seguir el reglamento de la Unión Europea, o bien excluyen del impuesto a los equipos e instalaciones nuevas, gravando sólo las emisiones reales.

Paradójicamente el nuevo impuesto medioambiental penalizaría la contribución de la bomba de calor en la descarbonización de las instalaciones de climatización, o el papel de la refrigeración en la preservación de la cadena de frío y la reducción del desperdicio de alimentos. Sus beneficios medioambientales son muy superiores al potencial perjuicio causado por una potencial fuga de refrigerante a la atmósfera