La Confederación de Empresarios de Cuenca ha trasladado a sus empresas las garantías de liquidez que ha impulsado el Gobierno de España para sostener la actividad económica frente a los problemas que pueden llegar derivados por la crisis del COVID 19.

De este modo, ha emitido una circular que ha hecho llegar a sus asociados en la que se señalan las medias para hacer llegar la financiación a las empresas en esta tesitura.

Así, por un lado, se apunta la línea para la cobertura por cuenta del estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos a través de avales que puede conceder el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Con esta medida se atenderán aspectos importantes como la gestión de facturas, la necesidad de circulante, los vencimientos de obligaciones financieras o tributarias y otras necesidades de liquidez.

Las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir, así como los plazos serán establecidos por el Consejo de Ministros sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación.

ICO

Por otro lado, CEOE CEPYME Cuenca también informa de la ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO con el fin de aumentar sus líneas de financiación a empresas y autónomos.

En este sentido, se amplía en 10.000 millones de euros el límite de endeudamiento neto previsto para el Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado con el fin de facilitar liquidez a empresas y autónomos.

El ICO adoptará las medidas que sean precisas a través de sus órganos de decisión para flexibilizar y ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito de las empresas.
Además, se autoriza la creación de una línea de cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de euros con una duración de seis meses con cargo al fondo de reserva de los Riesgos de Internacionalización.

Serán elegibles los créditos de circulante necesario para la compañía exportadora siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación y no a situaciones previas y las beneficiarias pueden ser empresas españolas siempre que sean entidades no cotizadas. Quedarán excluidas aquellas empresas en situación concursal o con incidencias de impago.

Todas estas medidas están pendientes de un desarrollo posterior por lo que todavía no se han establecido los mecanismos de solicitud para llevarse a cabo.