Los presidentes de CEOE Teruel, Carlos Mor, FOES, Santiago Aparicio, y CEOE CEPYME Cuenca, Abraham Sarrión, estarán presentes en el Senado el próximo mes para defender que las tres provincias merecen recibir ayudas por parte de Los Fondos Comunitarios debido a su alta despoblación, tal y como se reconoce en la normativa europea.
El presidente de CEOE Teruel ejercerá de portavoz en la Cámara Alta, siempre respaldado por los máximos mandatarios de las organizaciones empresariales de las otras dos provincias que luchan por este objetivo, y también por el coautor del informe que avala esta tesis, Juan Miguel Ortega Terol.
De este modo, los tres presidentes defenderán en esta reunión los derechos que tienen las tres provincias a recibir ayudas europeas por su baja densidad de población, tal y como reconoce el marco legal de la Unión Europea y que ha sido reconocido por el propio Acuerdo de Asociación 2014-2010, aunque sin asignación económica.
Los presidentes intervendrán en la Ponencia de Estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España, ante la presencia de ocho senadores que son los que forman este grupo de trabajo dentro de la Comisión de Entidades Locales.
Siguientes objetivos
Este siguiente paso ha sido planificado por Carlos Mor, Abraham Sarrión y Santiago Aparicio en una reunión celebrada en la sede central de CEOE en Madrid, donde han estado acompañados de su equipo de trabajo, como los miembros del Comité Ejecutivo de CEOE Teruel, Juan Carlos Escuder, y CEOE CEPYME Cuenca, Ignacio Villar, así como los secretarios generales y directora general de estas organizaciones empresariales.
En esta misma reunión se concretó que el objetivo principal sigue siendo tener una asignación económica en el Acuerdo de Asociación 2020-2026, pero del mismo modo se está trabajando para que lo antes posible puedan llegar otras partidas.
En este sentido, las tres organizaciones establecieron que el objetivo inmediato tiene que ser constituirse en una ITI (Inversión Territorial Integrada), lo que les convertiría en zonas prioritarias para recibir fondos comunitarios. Este hecho permitiría recibir partidas de distintos programas de manera prácticamente inmediata sin necesidad de establecer fondos adicionales, y además fijaría un marco legal de cara a la revisión del actual Acuerdo de Asociación 2014-2020 y pondría las bases para establecer este tipo de ayudas de cara al siguiente del 2020 al 2026.
La figura de la ITI debe ser reconocida por el Gobierno de España y ya existen otras en España como en la provincia de Cádiz, debido a su alto nivel de desempleo.