ACOIN ha analizado en profundidad las nuevas obligaciones que tienen los instaladores como consecuencia de la publicación del Real Decreto 1043/2013 por el que se aprueba el reglamento del impuesto sobre los gases fluorados.
La Junta Directiva de la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas de Cuenca sabe de la importancia de que las empresas del sector conozcan este cambio legislativo que obliga a los instaladores de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier carga a inscribirse en la administración tributaria adjuntando una solicitud, una memoria de la actividad y documentación que acredite su capacitación.
Del mismo modo, se les obliga a presentar una declaración de existencias antes del 31 de marzo y llevar un registro de las mismas mediante un sistema contable en soporte informático.
En cuanto a los considerados en la legislación como consumidores finales, es decir, talleres que hacen operaciones de carga de equipos de climatización de vehículos e instaladores autorizados para manipulación de sistemas frigoríficos de carga refrigerante inferior a 3 kg, tienen que pagar el impuesto al comprar el gas y repercutirlo al vender. Para ello tienen que emitir una factura en la que se exprese la cantidad expresada en kilogramos, un epígrafe al que corresponde el gas fluorado incorporado al equipo y el importe del impuesto soportado.
En cuanto a los gestores de residuos, deben llegar un libro en el que conste la cantidad de gases fluorados recibidos expresada en kilogramos, el epígrafe correspondiente al gas, el origen y el tratamiento efectuado.
Comité de Seguridad
El presidente de ACOIN, Andrés Salcedo, también expreso a la Junta Directiva la propuesta de creación de un Comité de Seguridad Industrial donde intervengan administración, instaladores, ingenieros y oficinas de consumidores, con el fin de garantizar estos servicios.
Se trata todavía de una propuesta, pero que ya se ha trasladado a las diferentes administraciones. Los trabajos de este organismo irán encaminados a terminar con la competencia desleal con el fin de que los consumidores tengan seguridad y garantía en los trabajos realizados.